El 15 de octubre de 2025, Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia mediante una ley aprobada por el Senado. Este avance coloca a Uruguay a la vanguardia de los derechos humanos en la región, consolidando su reputación como una nación progresista que ha liderado reformas sociales en temas como el matrimonio igualitario, el aborto y la legalización de la marihuana.
Detalles de la Ley de Muerte DignaLa ley, conocida como
"Muerte Digna", permite que adultos uruguayos o residentes, mentalmente competentes y diagnosticados con una enfermedad incurable que cause sufrimiento insoportable, puedan solicitar la eutanasia. A diferencia de legislaciones en otros países, Uruguay no establece un requisito de enfermedad terminal ni un período de espera. Además, no se permite la eutanasia para menores de edad. En casos donde existan dudas sobre la capacidad mental del solicitante, se requiere la evaluación de dos médicos independientes.
Reacciones y Apoyo SocialLa aprobación de la ley fue celebrada por muchos como un acto de compasión y respeto por la autonomía individual. Beatriz Gelós, una mujer de 71 años que padece ELA, expresó que la ley es
"compasiva y muy humana", destacando que quienes se oponen
"no tienen idea de lo que es vivir así". Por otro lado, la Iglesia Católica manifestó su
"tristeza" por la decisión, aunque la sociedad uruguaya, cada vez más secularizada, mostró un amplio apoyo; una encuesta reciente reveló que más del 60% de los uruguayos respaldan la eutanasia legal.
Implicaciones Regionales y GlobalesA diferencia de Colombia y Ecuador, donde la eutanasia fue despenalizada por fallos judiciales, Uruguay ha sido pionero en América Latina al aprobarla a través de una ley parlamentaria. Este hecho subraya el compromiso del país con los derechos civiles y la libertad individual. La vicepresidenta Carolina Cosse calificó la aprobación como
"un evento histórico" que coloca a Uruguay al frente en el tratamiento de temas profundamente humanos y sensibles.
Con esta legislación, Uruguay se une a países como Canadá, España y Nueva Zelanda en el reconocimiento legal del derecho a una muerte digna, marcando un precedente en la región y ofreciendo un modelo para otras naciones latinoamericanas que aún enfrentan debates sobre este tema.
