El Congreso de Perú destituyó al presidente José Jerí el 17 de febrero de 2026, poniendo fin a un mandato que duró apenas cuatro meses y profundizando la ya prolongada crisis política que atraviesa el país andino.
La votación parlamentaria —que superó ampliamente el mínimo requerido— se produjo tras semanas de creciente presión política por denuncias relacionadas con reuniones no declaradas con empresarios extranjeros y presuntas faltas éticas en el ejercicio del cargo. La oposición argumentó que la conducta del mandatario comprometía la transparencia y la confianza pública, mientras que sus aliados calificaron el proceso como una “impeachment exprés” motivada por rivalidades políticas más que por pruebas concluyentes.
Jerí había asumido la presidencia en octubre de 2025, luego de la salida de Dina Boluarte, en un contexto ya marcado por la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Su llegada fue presentada como una oportunidad para estabilizar el país y encaminarlo hacia elecciones generales previstas para abril de 2026. Sin embargo, su breve gestión no logró contener las tensiones estructurales que han definido la política peruana en los últimos años.
La destitución de Jerí se inscribe en un patrón de inestabilidad que ha visto a varios presidentes peruanos dejar el cargo antes de completar sus mandatos. El mecanismo constitucional de la “vacancia por incapacidad moral” ha sido utilizado repetidamente por el Congreso, generando un clima de incertidumbre institucional que afecta tanto la gobernabilidad como la confianza de los mercados y de la ciudadanía.
Tras la votación, el Congreso inició el proceso para designar a una autoridad interina que conduzca el país hasta la celebración de los comicios generales. Analistas advierten que el desafío inmediato será garantizar una transición ordenada y preservar la legitimidad del proceso electoral, en un escenario de fuerte polarización y creciente descontento social.
En las calles de Lima y otras ciudades se registraron manifestaciones tanto de apoyo como de rechazo a la destitución, reflejando la división que atraviesa a la sociedad peruana. Mientras algunos sectores celebran la salida de Jerí como un acto de fiscalización democrática, otros la consideran una muestra más de la fragilidad del sistema político.
La crisis actual vuelve a plantear preguntas de fondo sobre la necesidad de reformas institucionales que redefinan el equilibrio de poderes en Perú. Sin cambios estructurales que fortalezcan la estabilidad y la rendición de cuentas, el país corre el riesgo de perpetuar un ciclo de confrontación que obstaculiza su desarrollo político y económico.
