Reino Unido: £589 para entrar a tu propio país — polémica y caos fronterizo

A partir del 25 de febrero de 2026, un nuevo y controvertido régimen fronterizo del Reino Unido ha generado fuertes críticas por parte de activistas de derechos humanos, expertos legales y grupos de campaña, quienes sostienen que discrimina a mujeres y a ciudadanos británicos con doble nacionalidad que residen en el extranjero. La política, introducida por el Ministerio del Interior británico, exige que todos los ciudadanos británicos con doble nacionalidad ingresen al país utilizando un pasaporte británico o, en su defecto, obtengan un costoso “certificado de derecho de residencia” (certificate of entitlement), cuyo precio asciende a casi 589 libras esterlinas, el cual debe ir adjunto a su otro pasaporte. Esta medida ha provocado indignación generalizada y acusaciones de trato injusto. Según las nuevas reglas, los ciudadanos con doble nacionalidad que intenten viajar al Reino Unido utilizando únicamente su pasaporte no británico, incluso si poseen la ciudadanía británica válida, pueden ser rechazados por aerolíneas, ferris o trenes internacionales si no presentan un pasaporte británico o el certificado correspondiente. Anteriormente, muchos ciudadanos con doble nacionalidad —por ejemplo, quienes poseen pasaportes del Reino Unido y de Grecia, España, Francia, Australia o Canadá— podían elegir cuál documento utilizar al viajar. Sin embargo, con la nueva normativa, las compañías de transporte deberán verificar el derecho de residencia exclusivamente mediante un pasaporte británico o el costoso certificado. Esta medida ha generado especial preocupación en comunidades expatriadas en países como Grecia y España, donde las convenciones sobre los apellidos difieren del formato británico. En Grecia, por ejemplo, las mujeres casadas pueden conservar legalmente su apellido de soltera, lo que puede no coincidir con el nombre que figura en su pasaporte británico, ya que la legislación griega no permite cambiar el apellido tras el matrimonio. En España, los documentos oficiales incluyen habitualmente tanto el apellido paterno como el materno, lo que produce nombres más largos y estructuralmente distintos en comparación con los pasaportes británicos. Activistas sostienen que esta discrepancia afecta de manera desproporcionada a las mujeres, ya que las tradiciones de denominación en estos países suelen generar divergencias con los estándares británicos. Julia Cross, representante del grupo de base British in Greece, afirmó que muchas mujeres desconocían el plazo y los nuevos requisitos, y que la exigencia de alineación de nombres las perjudica injustamente. “Muchas no sabían que debían obtener un segundo pasaporte”, declaró a los medios, añadiendo que las reglas sobre los nombres “solo afectan a las mujeres” y pueden convertir un viaje sencillo en una experiencia angustiante. Los activistas han solicitado un período de transición de tres meses y una comunicación gubernamental más clara para mitigar lo que consideran efectos discriminatorios. La controversia no se percibe únicamente como un ajuste administrativo, sino como una cuestión más amplia de derechos civiles. Muchos sostienen que vincular el derecho de entrada a un documento específico perjudica a ciudadanos que no pueden cumplir fácilmente con la exigencia, especialmente cuando las leyes de registro civil o pasaportes en sus países de residencia hacen que modificar nombres sea complejo o incluso legalmente imposible. El costo del certificado —casi 589 libras— ha sido particularmente criticado. Para muchos, representa una carga financiera injusta impuesta a ciudadanos que simplemente desean ingresar a su propio país. Algunos comparan la tarifa con las tasas de visado y la consideran desproporcionada. Además, se advierte que la medida podría desalentar la vinculación de la diáspora con el Reino Unido. Muchos ciudadanos con doble nacionalidad viajan para visitar a familiares, asistir a eventos o cuidar a parientes mayores. Los nuevos requisitos suponen barreras económicas y burocráticas adicionales. Las nuevas normas ya han provocado complicaciones prácticas. Familias enteras se apresuran a solicitar pasaportes británicos antes de la fecha límite, enfrentándose en algunos casos a retrasos por la alta demanda. Padres con hijos nacidos en el extranjero se ven especialmente afectados: si los niños nunca solicitaron pasaporte británico, ahora deben hacerlo o pagar certificados adicionales, generando presión económica y emocional. Algunos incluso han considerado renunciar a la ciudadanía británica para evitar las complicaciones administrativas, una decisión drástica dada la carga cultural y simbólica que implica. Existen también contradicciones legales en países donde la doble nacionalidad no es plenamente reconocida o es desalentada, lo que añade complejidad adicional. El Ministerio del Interior defiende la reforma como parte de un proceso de modernización y digitalización de las fronteras, alineado con la implementación del sistema de Autorización Electrónica de Viaje (ETA) y con controles digitales más estrictos. Según las autoridades, exigir documentación específica garantiza una experiencia de viaje “fluida” y mejora la seguridad y la calidad de los datos migratorios. Algunos comentaristas señalan que otros países también exigen a sus ciudadanos utilizar pasaportes nacionales para ingresar. Sin embargo, los críticos argumentan que el alto costo y la falta de comunicación adecuada distinguen negativamente al caso británico. Con millones de ciudadanos británicos viviendo en el extranjero —desde la Unión Europea hasta Australia, América del Norte y Oriente Medio— esta medida no es una simple norma técnica. Está redefiniendo cómo la ciudadanía se traduce en libertad de movimiento en el mundo posterior al Brexit. Más allá de la burocracia, el debate gira en torno a cuestiones fundamentales: ¿Qué significa la ciudadanía? ¿Cómo se equilibra la seguridad con la equidad? ¿Y hasta qué punto la identidad personal puede ajustarse a requisitos documentales cada vez más digitalizados? La controversia continúa, y no está claro si el gobierno ofrecerá mayor flexibilidad o si surgirán impugnaciones legales. Lo que sí es evidente es que este cambio ha abierto una conversación mucho más amplia sobre identidad, género, equidad y fronteras en el siglo XXI.