Los legisladores de Nuevo México aprobaron por unanimidad el lunes una nueva legislación que autoriza una investigación sobre el rancho Zorro de Epstein, ubicado a unos 48 kilómetros de Santa Fe.
La ley crea un comité especial compuesto por representantes estatales —dos demócratas y dos republicanos— para indagar en lo ocurrido en la propiedad y en las acusaciones relacionadas con posibles actividades delictivas, según informó The Hill.
La iniciativa, cuyo costo ascendió a aproximadamente 20,8 millones de rupias (según Reuters), coincide con un impulso federal para divulgar nueva información vinculada a Epstein y sus asociados, liderado por el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos.
“Muchos de los sobrevivientes tuvieron experiencias en Nuevo México y, como hemos sabido, había políticos locales y otras personas que estaban al tanto de lo que ocurría en el estado”, declaró a Reuters la abogada Sigrid McCawley, cuyo bufete representó a cientos de víctimas de Epstein.
Entre las sobrevivientes que presuntamente sufrieron abusos en el rancho se encontraba la fallecida Virginia Giuffre, quien afirmó haber visitado la propiedad en numerosas ocasiones, según Reuters.
Epstein fue mencionado en varias demandas civiles que lo acusaban de agresión sexual contra menores en el rancho, aunque nunca fue formalmente imputado por esas acusaciones.
“Claramente hubo actividades que tuvieron lugar aquí bajo el amparo de Jeffrey Epstein… y otros perpetradores”, declaró la representante estatal Andrea Romero en una entrevista telefónica con Axios.
El exfiscal general de Nuevo México, Héctor Balderas, intentó investigar los presuntos delitos de Epstein en 2019, pero fiscales federales le pidieron detener la pesquisa para evitar una “investigación paralela”, informó Reuters.
Sin embargo, el actual fiscal general estatal, Raúl Torrez, asignó a un agente especial para manejar cualquier nuevo delito que pueda surgir de la investigación legislativa, según indicó su portavoz, Lauren Rodríguez.
Además, el Departamento de Justicia de Nuevo México envió una carta al DOJ federal solicitando una copia sin censura de un correo electrónico de 2019 enviado por un remitente anónimo, en el que se alegaba que dos “jóvenes extranjeras” fueron enterradas en el rancho Zorro, de acuerdo con Source NM.
