Cambio importante propuesto para la Green Card: No habrá residencia permanente si los inmigrantes tienen probabilidades de depender de beneficios del gobierno

La administración de Donald Trump está impulsando un cambio en la política migratoria que podría negar la ansiada green card a inmigrantes legales si los funcionarios determinan que es probable que se vuelvan dependientes del Estado. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha iniciado el proceso para modificar la regla de public charge, vigente desde diciembre de 2022.El DHS planea ampliar esta política, lo que reduciría el umbral para considerar que un inmigrante podría depender del gobierno. Según los informes, la propuesta formal se presentará el 19 de noviembre y estará abierta a comentarios públicos durante 30 días.Public charge se refiere a los factores que pueden convertir a un inmigrante en dependiente del gobierno. Es un motivo de inadmisibilidad.La Ley de Inmigración y Nacionalidad no define explícitamente el término, pero exige evaluar un conjunto de factores para determinar si un extranjero podría convertirse en una carga pública. Si así se considera, el gobierno puede negar el beneficio migratorio o el estatus solicitado.Actualmente, los factores incluyen: edad, salud, situación familiar, bienes, recursos y situación financiera; educación y habilidades; y otros elementos definidos en reglamentos o políticas (como la recepción de ciertos beneficios públicos o, en algunos casos, la entrega del Formulario I-864, declaración jurada de manutención).Si esta política se amplía, aumentaría el riesgo de que se rechace la solicitud de una green card. Por ejemplo, bajo el nuevo enfoque, los oficiales del DHS deberán evaluar la “totalidad de las circunstancias”, incluyendo antecedentes de salud familiar y situación económica, pero con menos directrices específicas.Los cambios propuestos están motivados por la visión de la administración Trump de que los beneficios públicos no deben incentivar la inmigración.Según Politico, esta modificación otorgaría mayores poderes a los funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración para decidir quién podría convertirse en una “public charge”.