La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó el martes realizar una revisión acelerada sobre los amplios aranceles globales de la administración Trump, fijando una audiencia para noviembre que podría decidir el destino de una de las políticas económicas más significativas del presidente Donald Trump.
Los jueces aprobaron un calendario inusualmente rápido después de que un tribunal federal de apelaciones anulara gran parte del programa el mes pasado, al dictaminar en una decisión de 7-4 que Trump invocó de manera ilegal la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 para imponer fuertes impuestos a la importación sobre importantes socios comerciales de EE. UU. Sin embargo, los aranceles permanecerán en vigor mientras dure el litigio.
Cinco pequeñas empresas y una docena de estados impugnaron los gravámenes, argumentando que el poder de imponer impuestos corresponde al Congreso y no al presidente. “El Congreso, no el Presidente por sí solo, tiene el poder de imponer aranceles”, afirmó Jeffrey Schwab, del Liberty Justice Center, en representación de las compañías afectadas, que advierten sobre una posible quiebra bajo estas cargas.
La administración replicó que la ley de emergencia de 1977 otorga al presidente una amplia autoridad para regular importaciones cuando la seguridad nacional o la economía están en riesgo. El procurador general D. John Sauer advirtió que el fallo de apelación “arroja un manto de incertidumbre sobre las negociaciones exteriores en curso que el presidente ha estado llevando a cabo mediante aranceles… poniendo en peligro tanto acuerdos ya alcanzados como negociaciones en marcha”, según citó The New York Times.
Los riesgos son elevados: Trump ha usado los aranceles tanto como palanca en las negociaciones comerciales como fuente de ingresos, con recaudaciones que alcanzaron 159.000 millones de libras esterlinas a finales de agosto, más del doble que el año pasado. Funcionarios también alertaron que, si se anulan los aranceles, el Tesoro tendría que devolver miles de millones, lo que podría afectar recursos destinados al control del fentanilo y al apoyo a Ucrania en su guerra contra Rusia.
El caso marca la primera vez que la Corte Suprema escuchará argumentos completos sobre el uso expansivo de los poderes de emergencia por parte de Trump, tras haber aprobado previamente otras políticas de manera temporal. Con una mayoría conservadora que incluye a tres jueces nombrados por Trump, el tribunal deberá decidir ahora si la autoridad presidencial bajo la IEEPA se extiende a acciones comerciales de tal magnitud, o si el Congreso debe recuperar el poder de imponer impuestos.
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