El contraste no podría ser más marcado. El jueves por la mañana, la policía británica arrestó al príncipe Andrés en la residencia real de Sandringham tras acusaciones de haber compartido material confidencial con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, un hecho que sacudió profundamente a la monarquía. Mientras tanto, en Estados Unidos, las autoridades han evitado responder preguntas clave sobre posibles implicados tras la publicación de los archivos Epstein.
La fiscal general Pam Bondi se negó recientemente a aclarar cuántos supuestos cómplices habían sido acusados o si permitiría a fiscales estatales acceder a pruebas adicionales. También defendió públicamente al presidente Donald Trump —cuyo nombre aparece repetidamente en los documentos, aunque sin acusaciones formales— calificándolo como “el mejor presidente de la historia”.
El contraste refleja dos enfoques distintos. En el Reino Unido, el escándalo ha provocado consecuencias políticas y legales inmediatas, incluido el primer arresto de un miembro de la familia real en casi 400 años y una fuerte presión sobre el gobierno. En Estados Unidos, críticos sostienen que la llamada “clase Epstein”, formada por políticos, empresarios y celebridades influyentes, ha enfrentado daños reputacionales pero pocas consecuencias legales.
Hasta ahora, solo Ghislaine Maxwell, ex pareja y colaboradora de Epstein, ha sido condenada en EE. UU., cumpliendo una pena de 20 años por facilitar abusos sexuales contra menores. El Departamento de Justicia sostiene que, tras revisar los archivos, no encontró pruebas suficientes para procesar a otras personas, una explicación que ha generado críticas en el Congreso.
La publicación de los documentos sí provocó renuncias y daños reputacionales a varias figuras prominentes. El exsecretario del Tesoro Larry Summers dejó el consejo de la fundación OpenAI; el empresario Thomas Pritzker abandonó Hyatt Hotels; y la abogada Kathryn Ruemmler dejó Goldman Sachs. También afectó a figuras como Bill Gates, el organizador olímpico Casey Wasserman y el expresidente Bill Clinton, quien deberá declarar ante un panel del Congreso.
Algunos legisladores demócratas acusan directamente a Trump de frenar acciones legales debido a su antigua relación con Epstein. El mandatario, que inicialmente intentó bloquear la publicación de los archivos antes de firmar la ley que obligó a divulgarlos, evitó responder si otros implicados podrían ser arrestados, afirmando que él había sido “totalmente exonerado”.
Analistas señalan que la diferencia entre ambos países también se refleja en la responsabilidad política. En Reino Unido, figuras públicas han enfrentado investigaciones y renuncias tras revelaciones similares, mientras que en Estados Unidos varios funcionarios continúan en sus cargos pese a controversias.
Aunque Trump no enfrenta cargos, algunos observadores creen que el impacto político aún podría sentirse en las próximas elecciones legislativas, donde investigaciones parlamentarias más profundas podrían reabrir el debate sobre posibles encubrimientos relacionados con Epstein.
