La Administración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos (SBA) ha anunciado una nueva política que prohibirá a los extranjeros y no ciudadanos acceder a los préstamos para pequeñas empresas garantizados por la SBA.
El cambio fue emitido el lunes por la administradora de la SBA, Kelly Loeffler, y se aplicará a todos los programas de préstamos de la SBA, incluidos los principales programas de préstamos y los programas de apoyo más pequeños.
Bajo la nueva política, solo los ciudadanos estadounidenses y los nacionales estadounidenses que viven en los Estados Unidos, sus territorios o posesiones serán elegibles para solicitar préstamos respaldados por la SBA.
Esto incluye programas de préstamos clave como los programas 7(a), 504, Microloan y Surety Bond.
Cualquier negocio que sea propiedad de un ciudadano extranjero, incluidos los residentes permanentes legales (titulares de tarjetas verdes), se considerará inelegible para estos préstamos federales.
La SBA dice que la política está diseñada para priorizar a los ciudadanos estadounidenses y a los creadores de empleo. El administrador Loeffler declaró que la autoridad crediticia de la agencia está limitada cada año por el Congreso, y debido a que la demanda de capital para pequeñas empresas es alta, los fondos limitados deberían ir primero a ciudadanos estadounidenses.
El cambio de política se basa en reglas anteriores que ya estaban endureciendo la elegibilidad.
En febrero de 2026, la SBA actualizó su guía para exigir que el 100 % de los propietarios directos e indirectos de una pequeña empresa que solicitan un préstamo sean ciudadanos estadounidenses o nacionales, eliminando las asignaciones anteriores para las empresas que tenían una propiedad extranjera menor.
Según las cifras de la SBA, alrededor de 3.300 préstamos aprobados en el año fiscal 2025 fueron para empresas en parte propiedad de residentes permanentes legales y extranjeros. Estos representaron aproximadamente el 4 por ciento del total de aprobaciones de préstamos de la SBA ese año.
La fecha de entrada en vigor de la póliza está fijada en 30 días después de la publicación, lo que significa que los solicitantes afectados tendrán que cumplir con los requisitos de ciudadanía revisados para entonces.
El cambio fue criticado por algunos legisladores que dicen que perjudicará a los empresarios inmigrantes que contribuyen a la economía estadounidense. Los opositores argumentan que excluir a los residentes permanentes legales y a otros no ciudadanos de los préstamos federales para pequeñas empresas podría reducir las oportunidades de creación de negocios y crecimiento de empleo en comunidades de todo el país.
