Un grupo de académicos y científicos radicados en Estados Unidos ha presentado una demanda contra el programa de visa “tarjeta dorada” propuesto por el expresidente Donald Trump, afirmando que es ilegal y que debilita los procesos de inmigración existentes.
La demanda sostiene que el programa, diseñado para ofrecer visas especiales a personas ricas dispuestas a invertir grandes cantidades de dinero en Estados Unidos, evita el marco legal actual que regula la inmigración. Los demandantes dicen que la propuesta da un trato preferencial a los solicitantes con dinero y deja de lado los caminos basados en el mérito y en razones humanitarias que forman parte de la ley vigente.
Según los críticos, el plan genera serias preocupaciones sobre la equidad y el interés nacional. Argumentan que la política migratoria debería priorizar las habilidades, las contribuciones a la ciencia y a la sociedad, y las necesidades humanitarias, en lugar de la capacidad económica de los solicitantes.
La demanda fue presentada por una coalición de académicos, investigadores y científicos que afirman que la propuesta podría perjudicar los intereses a largo plazo del país. Sostienen que el programa podría reducir las oportunidades para profesionales altamente cualificados, estudiantes e investigadores que actualmente dependen de visas basadas en el mérito.
Los partidarios del programa propuesto argumentan que atraer a inversionistas ricos podría impulsar el crecimiento económico, crear empleos y aumentar los ingresos fiscales. Señalan que programas de visas basados en inversión existen en otros países y han contribuido al desarrollo económico.
Sin embargo, los críticos sostienen que la política pondría un precio a la residencia y la ciudadanía estadounidenses. Afirman que este enfoque podría aumentar la desigualdad y debilitar los principios sobre los que se basa el sistema de inmigración.
El desafío legal añade otra polémica a la agenda migratoria de Trump, que a menudo ha generado intensos debates y batallas judiciales. El resultado del caso podría tener importantes consecuencias para el futuro de los programas de inmigración basados en inversión en Estados Unidos.
