México atraviesa una crisis humanitaria silenciosa: las desapariciones de personas han registrado un aumento alarmante en la última década, alcanzando cifras récord que superan los 130,000 casos según datos oficiales, aunque expertos advierten que la cifra real podría ser mucho mayor.
Analistas señalan que el crecimiento de los grupos del crimen organizado y la diversificación de sus actividades ilícitas son factores clave en este incremento.
“Los cárteles ya no solo se dedican al narcotráfico; ahora secuestran personas para extorsión, reclutamiento forzado o para desaparecer a testigos de sus delitos”, explica un investigador especializado en seguridad pública.
Casos recientes han evidenciado la magnitud de esta problemática. En enero, diez trabajadores de una empresa minera canadiense fueron secuestrados en el estado de Sinaloa; cinco de ellos fueron encontrados posteriormente en fosas clandestinas. Este episodio ilustra la violencia que enfrentan tanto ciudadanos comunes como empresas en regiones donde la presencia del crimen organizado es fuerte.
El gobierno federal ha implementado mecanismos como la Comisión Nacional de Búsqueda y un registro público de desaparecidos, pero estos esfuerzos han sido limitados por falta de recursos y obstáculos burocráticos. La impunidad persiste: más del 96% de los delitos en el país quedan sin resolver, según cifras recientes.
Mientras tanto, familiares de las personas desaparecidas se organizan para buscar a sus seres queridos por su cuenta, a veces realizando protestas y manifestaciones públicas para exigir mayor atención y acción por parte de las autoridades. Estos movimientos reflejan no solo la desesperación, sino también la resiliencia de quienes luchan por obtener justicia.
Especialistas advierten que, sin medidas efectivas de prevención y fortalecimiento de la justicia, México podría enfrentar un aumento aún mayor en los casos de desapariciones, con profundas consecuencias sociales, económicas y emocionales para las comunidades afectadas.
