Venezuela dio un paso significativo hacia la apertura de su sector petrolero a la inversión privada extranjera, luego de que su presidenta interina firmara una nueva Ley de Hidrocarburos en medio de una fuerte presión por parte de Estados Unidos.
La legislación introduce cambios clave al prometer mayor control para las empresas privadas sobre la producción y comercialización del petróleo, alivios fiscales y la posibilidad de recurrir a arbitraje independiente en caso de disputas. No obstante, el Estado mantendría, en gran medida, el control general del sector energético.
A pesar de ello, expertos y analistas se muestran cautelosos sobre el impacto real de la ley. Señalan que el texto carece de claridad en varios puntos y que, aunque representa un avance, no es suficiente para impulsar la transformación profunda que Washington considera necesaria para reactivar la debilitada industria petrolera venezolana.
“Estamos hablando del futuro, del país que vamos a entregar a nuestros hijos”, declaró Delcy Rodríguez, presidenta interina, tras firmar la ley poco después de su aprobación en el Congreso.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez —y hermano de la mandataria interina— celebró la medida y afirmó que representa un punto de inflexión tras años de dificultades. “Después del sufrimiento solo vendrán cosas buenas. Estas son las cosas buenas que debemos construir juntos, más allá de nuestras diferencias sobre cómo entendemos la prosperidad de la república”, sostuvo.
La aprobación de la ley coincidió con un contacto directo entre Caracas y Washington. Ese mismo jueves, Delcy Rodríguez mantuvo una conversación telefónica con el expresidente estadounidense Donald Trump, quien reveló el diálogo durante la primera reunión del año de su gabinete. Trump afirmó que estaba a punto de “abrir todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela”, cerrado desde que intensificó la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, una decisión que llevó a al menos ocho aerolíneas internacionales a suspender operaciones en el país.
Trump también aseguró que grandes compañías petroleras estadounidenses ya se encuentran en Venezuela realizando evaluaciones técnicas para posibles operaciones. “Están explorando el terreno y eligiendo ubicaciones. Traerán una enorme riqueza tanto para Venezuela como para Estados Unidos”, afirmó.
En paralelo, la administración estadounidense relajó algunas sanciones contra la industria petrolera venezolana. El Departamento del Tesoro emitió una licencia general que autoriza transacciones con el régimen venezolano y con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Desde el bloqueo naval para frenar exportaciones en buques sancionados y la operación militar del 3 de enero que derivó en la captura de Maduro —aunque manteniendo intacto a su gabinete—, Estados Unidos ha asumido el control de las exportaciones y los ingresos petroleros de Venezuela, los cuales, según la Casa Blanca, se retendrán indefinidamente para garantizar el cumplimiento de sus objetivos de política exterior.
Las reformas a la ley de hidrocarburos, respaldadas por Washington, fueron aprobadas en primera lectura la semana pasada y sometidas a un proceso acelerado de “consulta pública”, antes de ser ratificadas por unanimidad en la segunda y última lectura por la Asamblea Nacional, dominada por aliados del régimen.
Entre los cambios más relevantes, la nueva ley permite que las empresas privadas, incluso como socios minoritarios en empresas mixtas con PDVSA, ejerzan directamente la gestión técnica y operativa, rompiendo con la norma anterior que otorgaba al Estado el control absoluto de las decisiones operativas. También contempla una posible reducción de las regalías, del 30 % hasta incluso cero.
David Vera, vicedecano asociado de la Craig School of Business en Estados Unidos, calificó la ley como “necesaria y, en términos generales, un paso positivo”, aunque advirtió que sigue siendo insuficiente para atraer inversiones a gran escala. “Hay mayor flexibilidad en regalías, impuestos, arbitraje y comercialización, pero persisten una amplia discrecionalidad del Ejecutivo y una elevada incertidumbre legal”, explicó.
Una evaluación similar hizo José Ignacio Hernández, académico y experto en la industria petrolera venezolana vinculado a la consultora Aurora Macro Strategies. Según Hernández, la norma mejora ciertos aspectos al ofrecer mayor estabilidad contractual a los inversores privados, pero no resuelve las causas estructurales que llevaron al colapso del sector.
Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero actualmente representa menos del 1 % de la producción global. El país fue el mayor exportador mundial tras consolidarse como productor en la década de 1920. Sin embargo, tras la nacionalización en los años setenta y la posterior reestructuración de PDVSA bajo Hugo Chávez en los 2000, la producción cayó drásticamente debido a mala gestión, corrupción y sanciones internacionales, pasando de 3,4 millones de barriles diarios a cerca de 1 millón.
“El aspecto más preocupante de la nueva ley es la falta de consulta y de diálogo político”, subrayó Hernández, señalando que, pese a las afirmaciones oficiales de haber recibido más de 120 propuestas durante el proceso acelerado, no existió un debate público real.
Por su parte, Gonzalo Escribano, director del programa de energía y clima del Real Instituto Elcano en España, sostuvo que el sector petrolero venezolano solo será verdaderamente atractivo para la inversión extranjera tras una transición democrática. “Se necesita un gobierno legítimo y un marco constitucional sólido para que las decisiones no puedan revertirse fácilmente”, afirmó.
Hernández fue aún más escéptico al concluir: “Temo que esta sea una ley de corta duración”.
