Costa Rica acudirá a las urnas este domingo en una elección crucial marcada por el aumento de la inseguridad y la creciente preocupación de que la histórica tradición democrática del país esté bajo presión.
Los votantes elegirán a un nuevo presidente y a los 57 miembros del Congreso para un mandato de cuatro años, tras una campaña dominada por el malestar social frente al crimen organizado y el legado polarizante del presidente saliente, Rodrigo Chaves. Aunque la Constitución le prohíbe buscar un segundo mandato consecutivo, Chaves ha seguido siendo una figura central a través de su candidata elegida a dedo, Laura Fernández.
Considerada durante años como una de las naciones más seguras de Centroamérica, Costa Rica ha experimentado un fuerte aumento de la violencia vinculada a las rutas del narcotráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. La tasa de homicidios se sitúa ahora en 16,7 por cada 100.000 habitantes, la tercera más alta de la región. El desmantelamiento del llamado “Cártel del Caribe Sur” y la detención de un exministro de Seguridad acusado de narcotráfico en EE. UU. han puesto de relieve la magnitud del problema.
Fernández, de 37 años, exministra y defensora de una línea dura en seguridad, encabeza las encuestas con alrededor del 40% de apoyo. Sin embargo, cerca de un tercio del electorado sigue indeciso, lo que mantiene abierta la posibilidad de una segunda vuelta. La oposición, por su parte, permanece fragmentada, sin que ningún candidato supere el 10%.
Críticos advierten que las propuestas de Fernández —incluida la posibilidad de declarar estados de excepción en zonas golpeadas por la violencia— recuerdan políticas de mano dura aplicadas en otros países de la región y podrían debilitar las normas democráticas. Las preocupaciones aumentaron tras sus declaraciones sobre incluir a Chaves en su gabinete, lo que le permitiría conservar inmunidad judicial.
Analistas señalan que esta elección definirá si Costa Rica corrige su deriva populista o avanza hacia cambios institucionales y constitucionales más profundos, con consecuencias duraderas para una de las democracias más estables de América Latina.
