En la capital de Estados Unidos, los pasillos del Congreso vuelven a ser escenario de un bloqueo político que amenaza con dejar sin fondos al Gobierno federal. Oficinas cerradas, empleados públicos sin cobrar, servicios paralizados:
el país se encuentra, una vez más, ante un shutdown, el término que define la parálisis institucional cuando el Congreso no aprueba un presupuesto a tiempo.Pero mientras millones de ciudadanos sienten ya los efectos prácticos del cierre —desde retrasos en pagos hasta servicios públicos limitados—, en Washington la mirada de muchos está puesta no tanto en el presente como en el futuro:
¿cómo afectará esta crisis a las elecciones legislativas de 2026?Una herramienta política recurrenteEl cierre del Gobierno federal no es un fenómeno nuevo en la política estadounidense. Desde la década de 1980, se han producido más de una veintena de cierres, aunque con duraciones y consecuencias muy distintas.
Algunos apenas han durado unas horas. Otros, como el de 2018-2019 durante la presidencia de Donald Trump, se prolongaron más de un mes, afectando a cientos de miles de trabajadores públicos y al funcionamiento de servicios esenciales.
El actual bloqueo, originado por desacuerdos entre demócratas y republicanos en torno al gasto público y a las prioridades presupuestarias, tiene el potencial de extenderse. Según fuentes cercanas a las negociaciones, las posturas están
“más polarizadas que nunca”.El precedente de 2013: una lección ambiguaUno de los ejemplos más citados en estos días es el cierre de 2013, que duró 16 días bajo la presidencia de Barack Obama. Entonces, los republicanos exigían cambios en la ley de salud conocida como Obamacare a cambio de aprobar los fondos.
Pese al caos momentáneo, el resultado electoral del año siguiente no perjudicó al Partido Republicano. Al contrario, ganaron fuerza en ambas cámaras del Congreso en las elecciones de medio mandato de 2014.
Este precedente ha llevado a algunos analistas a relativizar el impacto político de los cierres gubernamentales.
“La memoria del electorado es corta. Si el cierre no dura mucho o no afecta directamente al bolsillo de la gente, probablemente no tendrá peso en 2026”, afirma un asesor político republicano.
Una batalla de narrativasEn el Congreso, la confrontación no solo es legislativa, sino también comunicativa. Los demócratas acusan a la mayoría republicana en la Cámara de Representantes de
“poner en riesgo la estabilidad del país por motivos ideológicos”, mientras que los conservadores culpan a la Casa Blanca de
“gastar sin control y negarse a negociar recortes razonables”.Ambos partidos son conscientes de que la opinión pública puede volcarse en favor de uno u otro dependiendo de cómo se perciba la responsabilidad del bloqueo. Por ello, se intensifican las campañas mediáticas y las comparecencias públicas para ganar el relato.
¿Y los votantes?Para la mayoría de los ciudadanos, sin embargo, el cierre del Gobierno no es una cuestión abstracta. Lo sienten cuando no pueden renovar un pasaporte, acceder a servicios de salud pública o cuando conocen a algún funcionario federal que no cobra su sueldo.
Pero ¿estos inconvenientes temporales influirán realmente en el voto dentro de un año?“Dependerá de cuánto dure el cierre y del contexto económico general en 2026”, señala una profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Georgetown.
“Si la economía va bien, el impacto será mínimo. Pero si hay tensiones económicas, cualquier crisis institucional puede ser usada como símbolo del fracaso político.”Un país en campaña permanenteEn Estados Unidos, la política no descansa. Aunque las elecciones de 2026 aún parecen lejanas, en realidad la campaña ha comenzado ya. Cada declaración, cada votación, cada decisión presupuestaria se calcula con vistas a las urnas.
Por eso, aunque el cierre del Gobierno parezca una cuestión meramente técnica o presupuestaria, es en realidad un campo de batalla político en el que se juegan narrativas, liderazgos y posibles mayorías parlamentarias.
De momento, el país observa, expectante. La pregunta no es solo cuándo se reabrirá el Gobierno, sino quién capitalizará políticamente este nuevo episodio de parálisis institucional.
