El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un “ataque a gran escala” en Venezuela, capturando al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, tras incursiones previas al amanecer en Caracas que dejaron al menos 40 muertos y desencadenaron pánico generalizado en la capital.
Tras los reportes de múltiples explosiones y aeronaves volando a baja altura, las fuerzas gubernamentales venezolanas se desplegaron en todo el país y se declaró un estado de emergencia nacional. Maduro y su esposa han sido acusados formalmente en Nueva York por cargos de terrorismo y narcotráfico, mientras Trump acusa a Maduro de dirigir una “organización narco-terrorista”. Una fotografía publicada por Trump en su plataforma Truth Social muestra a Maduro esposado y con el rostro cubierto por una máscara oscurecida.
La fiscal general Pam Bondi difundió una acusación judicial desclasificada que imputa a Maduro cargos de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras, delitos que conllevan severas penas de prisión cuando se combinan con cargos de narcotráfico.
Sin embargo, la legalidad del operativo ejecutado por fuerzas estadounidenses —cuyo nombre en clave es Operación “Resolución Absoluta”— ha generado un intenso debate. Críticos, incluidos expertos en derecho internacional, han señalado que los ataques de EE. UU. en Venezuela podrían violar la Carta de la ONU y constituir un “crimen de agresión”.
Legalidad del operativo en cuestión
El ataque estadounidense en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro han provocado un amplio debate sobre su legalidad, con expertos que sugieren que Estados Unidos pudo haber violado tanto el derecho interno como el internacional. El secretario de Estado Marco Rubio describió la operación como “principalmente un acto de aplicación de la ley, más que una acción militar sobre la cual el Congreso tiene mayor competencia”, pero los críticos sostienen que una incursión armada en una nación soberana plantea serias cuestiones jurídicas.
Trump minimizó estas preocupaciones en una entrevista en
Fox & Friends Weekend, afirmando que los demócratas críticos del operativo “deberían decir: ‘Buen trabajo’” en lugar de cuestionar su constitucionalidad.
El congresista Jim Himes, principal demócrata del Comité de Inteligencia de la Cámara, pidió al gobierno que “informe de inmediato al Congreso sobre su plan para garantizar la estabilidad en la región y su justificación legal para esta decisión”.
Preocupaciones en materia de derecho internacional
Expertos citados por
The Guardian argumentaron que el ataque probablemente violó la Carta de las Naciones Unidas, firmada en 1945 para evitar conflictos a la escala de la Segunda Guerra Mundial. El Artículo 2(4) de la carta prohíbe el uso de la fuerza militar contra otros estados y obliga a las naciones a respetar la soberanía.
Geoffrey Robertson KC, expresidente del tribunal de crímenes de guerra de la ONU en Sierra Leona, calificó la redada como “contraria al artículo 2(4)” y la describió como un “crimen de agresión… el crimen supremo” bajo el derecho internacional.
El Artículo 2(4) de la Carta de la ONU establece que “todos los Miembros se abstendrán, en sus relaciones internacionales, de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas”.
Elvira Domínguez-Redondo, profesora de derecho internacional en la Universidad de Kingston, calificó la operación como “un crimen de agresión y un uso ilegal de la fuerza contra otro país”. Susan Breau, profesora del Instituto de Estudios Jurídicos Avanzados, afirmó que la acción solo podría justificarse si EE. UU. contara con autorización del Consejo de Seguridad de la ONU o actuara en legítima defensa, condiciones que no parecen estar presentes.
Estados Unidos podría intentar argumentar que actuó en defensa propia frente a la presunta “organización narco-terrorista” de Maduro, pero Robertson replicó: “No hay manera concebible de que Estados Unidos afirme… que la acción se realizó en defensa propia. Nadie ha sugerido que el ejército venezolano esté a punto de atacar a Estados Unidos”.
Breau añadió que no existe evidencia clara que vincule directamente a Maduro con actividades de narcotráfico que representen una amenaza a la soberanía estadounidense.
