En una decisión que marca un nuevo capítulo en la tensión entre el poder federal y los gobiernos estatales en Estados Unidos, una jueza federal bloqueó este fin de semana un intento del expresidente Donald Trump de movilizar tropas de la Guardia Nacional de California hacia el estado de Oregón, calificándolo como un “uso potencialmente inconstitucional del poder ejecutivo”.
La medida, que pretendía trasladar unos 200 soldados desde Los Ángeles a Portland para reforzar la seguridad ante supuestos disturbios, fue frenada por la jueza Karin Immergut, quien emitió una orden de restricción temporal.
“Aceptar este tipo de intervención federal permitiría que un presidente imponga presencia militar en cualquier estado, sin necesidad de justificarlo adecuadamente ni respetar su soberanía”, señaló Immergut en su dictamen.
¿Qué intentó hacer Trump?
Según documentos judiciales, el expresidente, que busca un nuevo mandato en 2026, aprobó el despliegue de tropas federalizadas para reforzar la presencia militar en Portland, tras alegar amenazas a instalaciones gubernamentales y desórdenes civiles.
Sin embargo, las tropas seleccionadas provenían de la Guardia Nacional de California, no de Oregón. Esta decisión generó un fuerte rechazo del gobernador californiano Gavin Newsom, quien acusó a Trump de usar a los soldados como peones políticos.
“Esto es un abuso asombroso del poder y una violación de los principios de autonomía estatal”, declaró Newsom en conferencia de prensa.
La movilización de tropas no fue consultada previamente con el estado de origen, lo que encendió las alarmas sobre el uso unilateral del poder militar por parte del Ejecutivo federal.
La decisión judicial
La jueza Immergut, que ya había bloqueado el despliegue de tropas de Oregón en una orden anterior, argumentó que el intento de reemplazar esa fuerza con unidades de California era una maniobra para “rodear el fallo judicial”.
“Este tribunal no puede permitir que el poder ejecutivo federal evada sus límites constitucionales aprovechando el control sobre fuerzas de otros estados”, añadió.
Su orden impide, al menos temporalmente, que las tropas sean enviadas a Oregón hasta que se evalúe a fondo la legalidad del movimiento.
¿Qué dice la ley?
La Constitución de Estados Unidos permite al presidente federalizar tropas de la Guardia Nacional bajo ciertas circunstancias, como invasiones o insurrecciones. Sin embargo, su uso interno en asuntos civiles está fuertemente regulado por leyes como el Posse Comitatus Act, que limita el papel militar dentro del país.
Expertos legales han advertido que el despliegue sin consentimiento estatal puede violar el federalismo que rige el sistema político estadounidense.
“Esto no es solo una disputa política, es un conflicto sobre los límites del poder presidencial”, afirmó el constitucionalista Dr. Miguel Herrera, de la Universidad de California.
Implicaciones políticas
Esta situación ocurre en medio de una campaña electoral polarizada y con un Trump que ha centrado parte de su discurso en restaurar el “orden y la autoridad”. Para críticos, su intento de usar a la Guardia Nacional como brazo político recuerda los momentos más autoritarios de su primera presidencia.
En cambio, sus seguidores defienden la necesidad de una respuesta “firme” ante lo que consideran un clima de inseguridad y protestas “fuera de control” en ciertas ciudades gobernadas por demócratas.
¿Qué sigue?
La decisión judicial no es definitiva. Habrá audiencias adicionales para determinar si la orden se convierte en permanente. Mientras tanto, las tropas de California deberán permanecer en su estado de origen.
Desde el gobierno federal no ha habido respuesta formal al fallo, aunque se espera que los abogados del expresidente apelen en las próximas horas.
Este intento de despliegue militar revela tensiones profundas en la estructura política estadounidense. La pugna entre control federal y autonomía estatal, una vez más, vuelve a escena con implicaciones legales, democráticas y electorales.
El fin del Artículo
