En un contexto marcado por el endurecimiento de las políticas migratorias en gran parte de Europa, España se ha convertido en una excepción. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene una postura abiertamente favorable a la inmigración legal, una posición que lo sitúa cada vez más en solitario frente a otros líderes europeos, presionados por el auge de la derecha y el descontento social.
Mientras países como Francia, Italia o Alemania han reforzado controles y endurecido discursos para frenar la llegada de migrantes, Sánchez insiste en que la inmigración no es un problema, sino parte de la solución económica y demográfica de España. En palabras del propio presidente, el país debe elegir entre “ser abierto y próspero o cerrado y empobrecido”.
Inmigración como motor económico
El Gobierno español defiende que la llegada de inmigrantes ha contribuido de forma decisiva al crecimiento económico, al mercado laboral y a la sostenibilidad del sistema de pensiones. España, con una población cada vez más envejecida y baja natalidad, necesita mano de obra en sectores clave como la agricultura, la hostelería, la construcción y los cuidados.
Según el Ejecutivo, la inmigración legal ha ayudado a que España registre uno de los mayores crecimientos económicos de la Unión Europea, reforzando su argumento frente a quienes vinculan la llegada de extranjeros con inseguridad o presión sobre los servicios públicos.
A contracorriente de Europa
La postura de Sánchez contrasta con la de otros dirigentes, como el presidente francés Emmanuel Macron, que han endurecido sus políticas migratorias para frenar el avance de partidos de extrema derecha. En muchos países europeos, la inmigración se ha convertido en un tema central del debate político y electoral, alimentando discursos de miedo y rechazo.
España, sin embargo, mantiene un mensaje distinto: apuesta por regularizar, integrar y ordenar los flujos migratorios en lugar de cerrarse. No obstante, esta posición también genera tensiones internas, ya que algunas reformas legales propuestas por el Gobierno han quedado bloqueadas en el Parlamento.
Control de fronteras y cooperación internacional
Aunque el discurso sea más abierto, el Ejecutivo español ha reforzado la cooperación con países africanos para reducir las salidas irregulares por mar. Estas medidas han logrado disminuir las llegadas a las Islas Canarias, aunque organizaciones de derechos humanos han criticado el impacto que estos acuerdos pueden tener sobre los migrantes.
El Gobierno insiste en que su política busca un equilibrio entre humanidad, control y legalidad, evitando tanto el caos en las fronteras como la criminalización de la inmigración.
Un debate abierto
La posición de Pedro Sánchez refleja un modelo alternativo dentro de Europa, basado en la idea de que la inmigración bien gestionada es una oportunidad y no una amenaza. Sin embargo, mantener este enfoque en un continente cada vez más dividido será uno de los grandes retos políticos para España en los próximos años.
Mientras el resto de Europa gira hacia políticas más restrictivas, España apuesta por seguir siendo un país abierto, con la convicción de que su futuro económico y social depende, en parte, de ello.
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