La administración Trump ha lanzado Operación Patriot 2.0, una nueva oleada de medidas de control migratorio en el área metropolitana de Boston, intensificando la presión federal sobre las llamadas “ciudades santuario”. La operación, confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tiene como objetivo a personas liberadas de custodia local pese a tener órdenes de detención migratoria pendientes, una práctica habitual en Boston y Cambridge.
Ciudades santuario en la mira
Funcionarios federales afirman que la operación se centrará en inmigrantes indocumentados catalogados como “criminales peligrosos”, incluidos delincuentes sexuales, asesinos, pandilleros y narcotraficantes. Sin embargo, grupos defensores de los inmigrantes advierten que estas redadas suelen ir mucho más allá. En la primera fase —Operación Patriot (mayo-junio de 2025)— se detuvo a casi 1.500 personas, de las cuales aproximadamente la mitad fueron “arrestos colaterales”, es decir, individuos sin antecedentes graves capturados en el proceso.
El caso de Cambridge subraya el choque
Un incidente reciente refleja el conflicto entre las políticas locales de santuario y la aplicación federal. Leidy Torres Castaño, arrestada por la policía de Cambridge por un hurto menor, fue liberada tras rechazarse una orden de retención de ICE. Horas después, agentes de ICE la detuvieron. El episodio ilustra el pulso constante entre las políticas municipales que limitan la cooperación y un gobierno federal decidido a aplicar las leyes migratorias de manera agresiva.
Temor cerca de Harvard y el MIT
La presencia de la operación ya se percibe en barrios con gran concentración de estudiantes. Según informó The Harvard Crimson, algunos estudiantes avistaron vehículos con el logotipo de ICE en Harvard Square, lo que desató ansiedad en el campus y en comunidades vecinas con alta población inmigrante. Aunque ni la policía local ni ICE han confirmado estas apariciones, los reportes han aumentado el miedo entre estudiantes y familias vinculadas a comunidades migrantes.
La Boston Trust Act bajo ataque
La ofensiva federal coincide con una batalla legal. El Departamento de Justicia ha demandado a la ciudad de Boston para anular la Boston Trust Act, que prohíbe a la policía local colaborar con ICE en casos de aplicación civil de inmigración. La administración Trump sostiene que las políticas de santuario comprometen la seguridad pública, mientras que las autoridades de Boston defienden que son esenciales para proteger a comunidades vulnerables y mantener la confianza entre residentes y fuerzas de seguridad.
La alcaldesa Michelle Wu, en audiencias del Congreso, ha rechazado las críticas republicanas y ha insistido en que las políticas de santuario garantizan tanto la seguridad como la equidad.
Línea federal: tolerancia cero
El DHS ha dejado clara su postura: cualquiera que se encuentre en el país de forma ilegal, en particular quienes tengan antecedentes criminales, enfrentará una “persecución implacable, arresto y deportación sin posibilidad de retorno”. Así, Operación Patriot 2.0 no representa solo un refuerzo local, sino también una prueba de hasta qué punto Washington puede imponerse sobre las protecciones a nivel municipal.
Educación, política y comunidad en tensión
Para Boston y Cambridge, que albergan universidades de élite y grandes comunidades inmigrantes, las implicaciones van mucho más allá del ámbito policial. La presencia de ICE cerca de los campus ha inquietado a estudiantes, planteado dudas sobre la seguridad de alumnos internacionales e indocumentados, y situado a las instituciones académicas en el centro de un enfrentamiento político.
Mientras continúan las batallas legales y las redadas, Boston se ha convertido en un escenario clave de la lucha sobre la política migratoria en Estados Unidos: un choque en el que convergen educación, derecho y política en tiempo real.
— Con aportes de The Harvard CrimsonLa administración Trump ha lanzado Operación Patriot 2.0, una nueva oleada de medidas de control migratorio en el área metropolitana de Boston, intensificando la presión federal sobre las llamadas “ciudades santuario”. La operación, confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tiene como objetivo a personas liberadas de custodia local pese a tener órdenes de detención migratoria pendientes, una práctica habitual en Boston y Cambridge.
Ciudades santuario en la mira
Funcionarios federales afirman que la operación se centrará en inmigrantes indocumentados catalogados como “criminales peligrosos”, incluidos delincuentes sexuales, asesinos, pandilleros y narcotraficantes. Sin embargo, grupos defensores de los inmigrantes advierten que estas redadas suelen ir mucho más allá. En la primera fase —Operación Patriot (mayo-junio de 2025)— se detuvo a casi 1.500 personas, de las cuales aproximadamente la mitad fueron “arrestos colaterales”, es decir, individuos sin antecedentes graves capturados en el proceso.
El caso de Cambridge subraya el choque
Un incidente reciente refleja el conflicto entre las políticas locales de santuario y la aplicación federal. Leidy Torres Castaño, arrestada por la policía de Cambridge por un hurto menor, fue liberada tras rechazarse una orden de retención de ICE. Horas después, agentes de ICE la detuvieron. El episodio ilustra el pulso constante entre las políticas municipales que limitan la cooperación y un gobierno federal decidido a aplicar las leyes migratorias de manera agresiva.
Temor cerca de Harvard y el MIT
La presencia de la operación ya se percibe en barrios con gran concentración de estudiantes. Según informó The Harvard Crimson, algunos estudiantes avistaron vehículos con el logotipo de ICE en Harvard Square, lo que desató ansiedad en el campus y en comunidades vecinas con alta población inmigrante. Aunque ni la policía local ni ICE han confirmado estas apariciones, los reportes han aumentado el miedo entre estudiantes y familias vinculadas a comunidades migrantes.
La Boston Trust Act bajo ataque
La ofensiva federal coincide con una batalla legal. El Departamento de Justicia ha demandado a la ciudad de Boston para anular la Boston Trust Act, que prohíbe a la policía local colaborar con ICE en casos de aplicación civil de inmigración. La administración Trump sostiene que las políticas de santuario comprometen la seguridad pública, mientras que las autoridades de Boston defienden que son esenciales para proteger a comunidades vulnerables y mantener la confianza entre residentes y fuerzas de seguridad.
La alcaldesa Michelle Wu, en audiencias del Congreso, ha rechazado las críticas republicanas y ha insistido en que las políticas de santuario garantizan tanto la seguridad como la equidad.
Línea federal: tolerancia cero
El DHS ha dejado clara su postura: cualquiera que se encuentre en el país de forma ilegal, en particular quienes tengan antecedentes criminales, enfrentará una “persecución implacable, arresto y deportación sin posibilidad de retorno”. Así, Operación Patriot 2.0 no representa solo un refuerzo local, sino también una prueba de hasta qué punto Washington puede imponerse sobre las protecciones a nivel municipal.
Educación, política y comunidad en tensión
Para Boston y Cambridge, que albergan universidades de élite y grandes comunidades inmigrantes, las implicaciones van mucho más allá del ámbito policial. La presencia de ICE cerca de los campus ha inquietado a estudiantes, planteado dudas sobre la seguridad de alumnos internacionales e indocumentados, y situado a las instituciones académicas en el centro de un enfrentamiento político.
Mientras continúan las batallas legales y las redadas, Boston se ha convertido en un escenario clave de la lucha sobre la política migratoria en Estados Unidos: un choque en el que convergen educación, derecho y política en tiempo real.
— Con aportes de The Harvard Crimson
El fin del Artículo
