El cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la cuarta agencia más grande del gobierno estadounidense, se convirtió el domingo en el cierre parcial más prolongado en la historia del país.
Si la paralización, que ya lleva seis semanas, continúa después del fin de semana, también se convertirá en el cierre más largo de cualquier tipo, superando el bloqueo de finales del año pasado que duró 43 días.
Con el 9,4 % de la fuerza laboral federal —193.867 empleados—, el DHS se ha convertido en un tema de disputa política constante.
El Congreso y Donald Trump han intentado en varias ocasiones asignar fondos al DHS o directamente a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), pero todos los intentos han fracasado debido al estancamiento en torno a cambios en las políticas de inmigración y las operaciones del ICE.
El viernes, más trabajadores de seguridad aeroportuaria de la TSA faltaron al trabajo que en cualquier otro día desde el inicio del cierre, lo que provocó largas filas y dificultades para los viajeros.
Los aeropuertos han advertido a los pasajeros que lleguen con varias horas de antelación debido a los tiempos de espera impredecibles, con largas colas en ciudades como Baltimore, Houston y Nueva York.
Según la portavoz del DHS, Lauren Bis, más de 3.560 empleados de la TSA —más del 12 %— no acudieron a trabajar. Más de 500 han renunciado y miles han faltado “porque no pueden permitirse necesidades básicas como gasolina, cuidado infantil, comida o alquiler”.
La agencia también indicó que más de 480 trabajadores han abandonado definitivamente sus puestos desde el inicio del cierre.
Trump firmó un memorando el viernes ordenando restablecer el pago a los empleados de la TSA, quienes han perdido dos salarios, aunque no está claro de dónde saldrán los fondos ni si tiene autoridad legal para hacerlo.
El memorando presidencial instruye al secretario del DHS, Markwayne Mullin, a utilizar fondos relacionados con operaciones de la TSA para pagar salarios y beneficios “como si el cierre no hubiera ocurrido”.
Tom Homan, responsable de la política fronteriza de la Casa Blanca, afirmó que pagar a los agentes de la TSA es solo “un comienzo” para resolver la crisis.
“Hay muchos más empleados del DHS que no están siendo pagados y necesitan recibir su salario”, advirtió.
Mientras tanto, no está claro si los agentes del ICE desplegados en aeropuertos para ayudar en la seguridad serán retirados.
En el Congreso, la Cámara de Representantes rechazó un proyecto aprobado por el Senado que financiaba gran parte del DHS, pero excluía al ICE y a la patrulla fronteriza, lo que ha generado divisiones entre los republicanos.
El presidente de la Cámara, Mike Johnson, calificó el proyecto como una “maniobra”, cuestionando si los senadores lo habían leído completamente.
Everett Kelley, presidente del sindicato AFGE, criticó duramente a los líderes políticos, señalando que el receso legislativo retrasará cualquier acuerdo hasta abril.
“Nunca he estado más disgustado con el fracaso del liderazgo político”, dijo. “Sin salario, sin ayuda, sin disculpas, mientras el Congreso se va de vacaciones”.
Líderes de aerolíneas y aeropuertos han pedido acción urgente para evitar más caos.
“La situación debe resolverse ya”, indicó la coalición Modern Skies.
Chris Sununu, exgobernador de New Hampshire, afirmó que el Congreso debe actuar de inmediato con propuestas bipartidistas ya existentes.
Expertos advierten que, en un contexto político altamente polarizado, incluso un acuerdo a corto plazo podría no garantizar una solución duradera.
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