El presidente interino del Perú, José Jerí, se comprometió a enfrentar con firmeza la expansión del narcotráfico y el crimen organizado que azotan al país, afirmando que “el miedo no gobernará nuestras calles”. Sus declaraciones se produjeron durante un acto público en Lima, en el que presentó las primeras medidas de su gobierno para combatir la violencia y la inseguridad ciudadana.
Jerí, quien asumió la presidencia el pasado 10 de octubre, tras la destitución de Dina Boluarte por el Congreso, aseguró que su gestión priorizará la lucha contra las mafias que controlan territorios urbanos y rurales, así como las redes criminales que operan desde los penales.
“Nos enfrentamos a un enemigo que se disfraza de empresario, de dirigente o de político. Pero no cederemos ante el narcoterrorismo ni ante la extorsión. El Perú no puede vivir arrodillado ante el crimen”, afirmó el mandatario durante su discurso en Palacio de Gobierno.
Estado de emergencia y operativos en penales
Como parte de su estrategia, el gobierno de Jerí decretó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y en el puerto del Callao por 30 días, lo que permite la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional. Las medidas incluyen patrullajes conjuntos, control de zonas de alto riesgo y operativos focalizados contra organizaciones de extorsión y sicariato.
En los primeros días de su mandato, Jerí supervisó personalmente allanamientos y requisas en penales de máxima seguridad, como Lurigancho y Ancón I, donde las autoridades hallaron celulares, drogas y armas de fuego empleados para dirigir actividades delictivas desde el interior de las prisiones.
“Las cárceles no serán oficinas del crimen. Vamos a recuperar el control del Estado en cada institución, en cada barrio y en cada frontera”, enfatizó el presidente.
Un país bajo presión
El Perú atraviesa una de las peores crisis de seguridad de su historia reciente. Según datos oficiales, los homicidios y casos de extorsión se han duplicado en los últimos tres años, especialmente en Lima, Trujillo y Chiclayo. Los crímenes vinculados a bandas internacionales y al tráfico de drogas han aumentado de forma alarmante, generando un clima de miedo y desconfianza entre la población.
La destitución de Boluarte, motivada por denuncias de incapacidad moral y manejo deficiente de la seguridad pública, abrió el camino para que Jerí —exministro del Interior y hasta entonces presidente del Congreso— asumiera la jefatura del Estado con el respaldo de una coalición multipartidaria.
Un enfoque de “mano firme” con riesgos
Si bien la ofensiva contra el crimen organizado ha sido recibida con apoyo por parte de amplios sectores de la ciudadanía, organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por el posible abuso de la fuerza y la falta de controles institucionales bajo el estado de emergencia.
El mandatario ha respondido que las medidas son “excepcionales pero necesarias”, y ha garantizado que su gobierno actuará dentro del marco constitucional. “Nadie está por encima de la ley, ni siquiera quienes la aplican”, aseguró.
Desafíos y horizonte político
José Jerí enfrenta el reto de restablecer la confianza ciudadana en las instituciones, en un país golpeado por la inestabilidad política —siete presidentes en menos de una década— y por la corrupción que ha debilitado a la Policía y al sistema judicial.
Su mandato interino se extenderá hasta las elecciones generales de 2026, en las que deberá entregar el poder a un nuevo gobierno constitucional. Analistas advierten que su éxito o fracaso en la lucha contra el crimen podría definir el rumbo político del país.
“Jerí busca consolidar legitimidad a través de resultados inmediatos en seguridad. Pero el verdadero desafío será transformar esa respuesta militar y policial en políticas sostenibles de prevención y justicia”, señaló la analista política Rocío Valdivia en diálogo con El Comercio.
Un punto de inflexión
El discurso de Jerí marca un cambio de tono en la política peruana: un llamado a la unidad frente al miedo y al desborde criminal. Su promesa de que “el terror no volverá a dominar las calles” refleja el sentimiento de urgencia de una nación que exige orden, justicia y seguridad.
Sin embargo, el equilibrio entre la firmeza y el respeto al Estado de derecho será la verdadera prueba de fuego para su gobierno.
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