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Agentes federales de inmigración allanaron el jueves una planta de Hyundai en Georgia, en lo que las autoridades describieron como la mayor operación de este tipo en la historia de EE. UU. Casi 500 trabajadores, la mayoría ciudadanos surcoreanos, fueron detenidos. La acción provocó indignación en Seúl y dudas sobre el trato de Washington hacia su aliado asiático más cercano.
El momento sorprendió, ya que la redada ocurrió solo 11 días después de que el presidente Lee se reuniera con Donald Trump en la Casa Blanca y prometiera 150.000 millones de dólares adicionales de inversión en EE. UU. Esa promesa se sumaba a los 350.000 millones anunciados en julio para aliviar las tensiones por los aranceles del 15% de Trump.
El complejo de Hyundai en Ellabell, cerca de Savannah, fue escenario de una gran operación con la participación de Homeland Security Investigations (HSI), Immigration and Customs Enforcement (ICE), la policía estatal y varias agencias federales. Según CNN, agentes armados alinearon a los trabajadores contra las paredes, revisaron documentos de identidad y detuvieron a quienes violaban las leyes migratorias. Algunos intentaron escapar, escondiéndose en conductos de aire o incluso en un estanque de aguas residuales, pero fueron capturados. Al anochecer, 475 personas habían sido trasladadas al centro de detención de ICE en Folkston. Los funcionarios dijeron que la redada fue resultado de meses de investigación sobre contrataciones ilegales.
Hyundai afirmó que ninguno de los detenidos era empleado directo de la empresa, señalando que la mayoría trabajaba para subcontratistas. LG Energy confirmó que 47 de sus empleados, casi todos coreanos, estaban entre los arrestados.
Seúl responde con dureza
El gobierno surcoreano reaccionó con alarma. El presidente Lee Jae-myung pidió “todos los esfuerzos posibles” para defender a sus ciudadanos. El ministro de Asuntos Exteriores, Cho Hyun, dijo estar preparado para viajar a Washington si era necesario, subrayando que “las actividades comerciales de nuestros inversores y los derechos de nuestros nacionales no deben ser violados injustamente.” Diplomáticos de la embajada y el consulado de Seúl fueron enviados a supervisar la situación.
El líder opositor Jang Dong-hyuk advirtió que los arrestos podrían convertirse en un “riesgo a nivel nacional” para las empresas coreanas. El diario conservador Chosun Ilbo acusó a Washington de traición con un titular: “Después de invertir en ‘Trump MAGA,’ lo que recibimos fue el arresto de 300 coreanos.”
Trump defiende la operación
La administración Trump defendió la redada como parte de su política estricta contra la inmigración ilegal. Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, dijo que Trump seguía comprometido en “hacer de EE. UU. el mejor lugar del mundo para hacer negocios, a la vez que se aplican las leyes de inmigración.”
Steven Schrank, agente principal de HSI en Georgia, explicó que no fue una redada al azar, sino el resultado de recolección de pruebas y entrevistas. Añadió que los detenidos incluían personas que entraron ilegalmente, que se quedaron más tiempo del permitido por su visa, o que trabajaban con permisos que prohibían el empleo. Aún no se han presentado cargos.
Los críticos, sin embargo, lo ven como una medida política. El Partido Demócrata de Georgia acusó a Trump de usar “tácticas de miedo para aterrorizar a personas trabajadoras.” Los residentes locales estaban divididos: algunos preocupados por el impacto en los negocios coreanos de la zona, mientras que otros dudaban si los empleos prometidos para los georgianos realmente se habían cumplido.
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