El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha expresado su firme rechazo a la reciente intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, calificándola como un “precedente muy peligroso” que podría sentar las bases para futuras violaciones del derecho internacional. Según Sánchez, la operación estadounidense parece buscar la apropiación de los recursos energéticos de Venezuela, lo que genera preocupación sobre la soberanía de los países y el respeto a la legalidad internacional.
Aunque España no apoya al gobierno de Nicolás Maduro, Sánchez subrayó que eso no justifica acciones unilaterales que violen la soberanía de un Estado. “No podemos aceptar que se utilice la fuerza militar para controlar recursos de otros países”, afirmó, defendiendo la necesidad de soluciones pacíficas y negociadas a las crisis internacionales.
Reacciones en América Latina y Europa
España no está sola en su postura. Junto con Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, emitió un comunicado conjunto rechazando la intervención y pidiendo que la situación se resuelva mediante diálogo y medios pacíficos. Estos países consideran que la acción estadounidense podría sentar un peligroso precedente, en el que se normalice la intervención militar de potencias extranjeras en territorios soberanos.
Otros países y organismos internacionales también han denunciado la operación como una violación de la soberanía venezolana, y algunos han llevado el caso ante la ONU para subrayar la importancia de respetar la Carta de las Naciones Unidas y los principios de autodeterminación y soberanía sobre los recursos naturales.
Tensiones diplomáticas y preocupaciones estratégicas
La intervención ha generado tensiones diplomáticas significativas entre Estados Unidos y países de Europa y América Latina que defienden el derecho internacional. Uno de los puntos más críticos es la percepción de que Washington busca controlar los recursos estratégicos de Venezuela, especialmente el petróleo, lo que Madrid considera un motivo de alarma para la estabilidad regional y global.
La posición española deja claro que, incluso en contextos de desacuerdo con ciertos gobiernos, el respeto a la ley internacional y a la soberanía de los Estados es fundamental para mantener la paz y la seguridad internacionales. La comunidad internacional observa con atención cómo evolucionará esta crisis y qué medidas se tomarán para proteger los derechos de los países frente a intervenciones externas.
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