Venezuela vuelve a estar en el ojo del huracán. Esta vez por la historia de Marggie Orozco, una médica de 65 años que fue sentenciada a 30 años de cárcel simplemente por mandar un audio por WhatsApp donde criticaba al presidente Nicolás Maduro y hablaba de la crisis que vive el país.
¿Qué decía el audio?
El mensaje era parecido a lo que mucha gente comenta a diario:
que no hay medicinas, que falta comida, que todo está cada vez más caro y que el país necesita un cambio. También animaba a la gente a votar en las elecciones. Nada fuera de lo común para cualquier conversación privada.
Pero en Venezuela, ese audio terminó convirtiéndose en una condena por “traición a la patria”, “incitación al odio” y “conspiración”.
¿Quién la denunció?
La acusación llegó desde miembros de los CLAP, las estructuras comunitarias vinculadas al chavismo, que escucharon y reportaron el audio. Desde ahí, el caso escaló hasta un tribunal del estado Táchira, donde la médica recibió la pena máxima que contempla la ley.
Una mujer enferma, encerrada
La doctora Orozco no está en buenas condiciones de salud.
Se sabe que ha sufrido dos infartos mientras estuvo detenida y que padece depresión, especialmente porque perdió a dos de sus hijos hace pocos años. Aun así, fue llevada al Centro Penitenciario de Occidente, una cárcel de alto riesgo.
Organizaciones de derechos humanos han pedido su liberación inmediata y afirman que el proceso fue arbitrario y sin garantías.
Reacción dentro y fuera del país
Grupos defensores de derechos humanos aseguran que esto es otra muestra de cómo en Venezuela “hablar cuesta caro”.
Abogados y activistas dicen que este caso es una advertencia para que nadie critique al gobierno, ni siquiera en mensajes privados.
La noticia ha causado rechazo internacional, sobre todo porque la condena de 30 años es más propia de delitos gravísimos, no de un audio privado.
Un país donde opinar se volvió peligroso
El caso de la doctora Orozco no es aislado. Forma parte de una larga lista de ciudadanos perseguidos por expresar opiniones, incluso en redes o chats privados. La condena demuestra cómo el gobierno usa la justicia para controlar el discurso y sembrar miedo.
Mientras tanto, la familia de la médica pide algo básico:
que la dejen vivir sus años restantes en libertad.
El fin del Artículo
